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jueves, 9 de febrero de 2017

San Juan: No a la baja, por más becas, murgas y deportes.

En la mañana del viernes 27 de enero, en la sede de la Corriente Clasista y Combativa de Chimbas y frente a una concurrida presencia de jóvenes, se hizo una charla sobre la iniciativa de la baja en la edad de la imputabilidad de 16 a 14 años.

Presentó Valeria por la JCR, estando a cargo de la misma Javier Alamino, apoderado legal del PTP San Juan y abogado de diversas organizaciones sociales como el Foro No a la Trata, la Asamblea Permanente por los DDHH (APDH), la CCC y organizaciones de pueblos originarios como los huarpes. 
San Juan: No a la baja, por más becas, murgas y deportes. Ni un pibe menos por la droga.
Se analizó entre otras cosas, la situación penal actual de los menores en la Argentina. “El debate por la edad de imputabilidad no es nuevo, se discute en cada elección en nuestro país y ha sufrido cambios desde la sanción del Código Penal hasta la actualidad. En un primer momento la edad de imputabilidad era 14 años, luego con el peronismo se subió a 16 años. La dictadura en el año 1976 la llevó a 14 y finalmente en los últimos meses del gobierno militar fue subida nuevamente a 16”, sostuvo el abogado. 
Esta cuestión se da en todo el mundo, se discutió en Chile hace poco. En Uruguay se realizó un plebiscito que no prosperó. Hay que decir que la edad de inimputabilidad en el mundo va desde los 10 años en Inglaterra, 12 en México, 13 en Paraguay, 14 en Uruguay y Chile por poner ejemplos. Nuestro país establece la total inimputabilidad hasta los 16 y un régimen mixto desde los 16 hasta los 18 en el que el Juez luego de realizado un tratamiento puede o no condenar en los delitos más graves si lo considera necesario y en caso de hacerlo se aplica una pena reducida en base al delito de tentativa” agregó Alamino. 
En la Argentina no existe un sistema penal juvenil, al margen que en algunas provincias si se legisló. Particularmente en San Juan si bien existe un sistema procesal penal juvenil, los menores que cometen delitos graves cuentan con un solo establecimiento preparado para la ‘reinserción’ denominado ‘Nazario Benavídez’ que cuenta con una capacidad para sólo 13 personas con lo cual están un tiempo y cuando necesitan lugar sacan a algún menor para que ingrese uno nuevo”. 
Una vez planteados los aspectos legales, Javier sostuvo que “el problema a discutir no es la edad de imputabilidad, sino qué hacemos en materia de educación, trabajo y contención para que los menores no terminen en la delincuencia y en todo caso, si algunos terminan en ella cómo hacemos para sacarlos de ella. Hoy por hoy llevar la edad de 16 a 14 implicaría una mayor cantidad de niños y niñas para alojar en un establecimiento para 13 personas en una provincia de 700.000 habitantes, lo cual puede traer aparejado un problema de superpoblación, entre otras cosas”. 
Luego de finalizada la exposición, se dio lugar al debate, surgiendo entre los comentarios e intervenciones, las mismas experiencias que día a día sufren los jóvenes sanjuaninos y argentinos en la calle, en el barrio, después de la escuela, facultad o en alguna salida para divertirse. “A mi compañero, lo paró la policía y por ser morochito, se lo llevaron sin preguntarle nada más”. “Si andas con gorrita, tenés determinada zapatilla o vestimenta, te paran”. De a poco la timidez se fue perdiendo y escuchamos los diferentes maltratos que sufren los pibes por parte de la policía principalmente, por el sólo hecho de ser pobres. Además se dejó en claro que la única manera de enfrentar esto es en las calles, luchando por más becas para estudio, murgas, deportes y que los jóvenes se organicen, sobre todo frente a este gobierno de ricos para ricos, que descarga la crisis sobre los de abajo y que además a los jóvenes no les ofrece ninguna salida. 
Antes de finalizar la charla, ya se había tirado la iniciativa para la formación de una murga para que los pibes de la zona participen

viernes, 3 de febrero de 2017

Santa Fe: Crece la lucha porque no haya ni un pibe menos por la droga

En el marco de la muerte de dos jóvenes, víctimas de la metanfetamina en una  “fiesta electrónica” en Arroyo Seco, se generalizó en el pueblo y en los medios el debate sobre el flagelo de la droga.

Las valientes denuncias de Carlos del Frade sobre el narcotráfico y sus consecuencias. Los aportes de luchadores sociales con  el Padre Belay o el psicólogo Horacio Tabares, prepararon un terreno, que se amplió cuando los padres de una de las chicas muertas dijeron ante todos los medios:
“Nuestra hija no era drogradicta, cometió un error y lo pagó con su vida. Pero no vemos que paguen los que hacen fortunas vendiendo la droga y los que tendrían que controlar que esto no suceda y hacen la vista gorda. A los que nos han ayudado en estos momentos difíciles, y sobre todo a los jóvenes les decimos que la droga no es necesaria”.
Colocando así, a la defensiva, a los que sostienen que el problema no es la droga  y que solo se pueden reducir los daños.

El plan provincial Abre Vida.

En esta situación y revisando posiciones anteriores, y actitudes que rozaron la tolerancia con la droga,  el estado provincial santafesino presentó esta semana el plan Abre Vida, un programa Integral para el Abordaje de los consumos problemáticos de sustancias y las adicciones, y anunció el envió a la Legislatura de una ley sobre el tema basándose en proyectos ya presentados por senadores y diputados, entre los que se encuentra el proyecto de Emergencia Provincial en Adicciones presentado en noviembre por la diputada del Frente Social y Popular, Mercedes Meier.
En un claro reconocimiento a la falta de políticas de estado, y a la ausencia tanto del Estado nacional, como el provincial y los municipios y comunas en lo referente al tratamiento de las adicciones, el gobernador Miguel Lisfchitz llamó a construir una política de “prevención, de tratamiento, de acompañamiento, de cuidado, de protección, y de inclusión de los sectores sociales que están afectados por las problemáticas de las adicciones”.
El anuncio se da meses después de que el gobierno nacional, por presión de las
organizaciones sociales, políticas y religiosas nucleadas en la campaña “Ni Un Pibe Menos Por La Droga”, declare la Emergencia Nacional en Adicciones, y se da también luego de casi un año de gestión, con muchos anuncios y ninguna política real más allá de la creación de Aprecod (Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones), organismo que sin ningún resultado ni política concreta aplicada, tuvo incluso la renuncia a finales del año pasado de su directora Mónica Liborio, hoy reemplazada por Cecilia Nieto.

El proyecto de Meier y Del Frade.

Días antes de la declaración de la emergencia nacional, la diputada del PTP en el Frente Social y Popular Mercedes Meier, junto a su par Carlos Del Frade, presentaron en la legislatura provincial un proyecto de declaración de Emergencia Provincial en Adicciones, que partiendo de la campaña Ni un pibe menos por la droga, desarrolla un plan de prevención masivo, con campañas públicas, formación de preventores comunitarios en adiciones, fomento de programas educativos, aumento del presupuesto provincial destinado al área (en 2016 se destinaron menos de 0,5 centavos por cada 100 del presupuesto provincial), ampliación de los programas y los centros ya instalados y creación de nuevos centros de tratamiento.
El proyecto pone especial énfasis en la participación de las organizaciones sociales